La Audiencia Nacional como arma política

Javier Basterra, alcalde de Huarte; Consuelo de Goñi, concejal de Barañáin; Alfonso Etxeberria, concejal de valle de Egüés; Maider Goñi, alcaldesa de Etxarri Aranatz; Patxi Goñi, concejal de Antsoain; Unai Hualde, alcalde de Altsasu; Pedro Huarte, alcalde de Zizur Mayor; Txiki Iriarte, alcalde de Irurtzun; Xabi Lasa, alcalde de Berriozar; Josema Menéndez, concejal de Beriáin; Rosana Navarro, concejala de Pamplona; Javier Orzaiz, concejal de Berrioplano; Koldo Pla, concejal de Antsoain; Aritz Romeo, concejal de Pamplona y Manolo Urroz, concejal de Burlada

EL alcalde de Atarrabia-Villava, Pello Gurbindo, ha sido imputado por la Audiencia Nacional por un delito de enaltecimiento del terrorismo acusado de haber delegado el lanzamiento del chupinazo anunciador de las fiestas 2009 a un concejal no adscrito de su Ayuntamiento. A nuestro entender, estamos ante un hecho grave y de naturaleza política que se trata de enmascarar mediante la utilización perversa de instrumentos judiciales.


Por tanto queremos expresar, en primer lugar, nuestra solidaridad y apoyo a Pello, alcalde ejemplar de Atarrabia, que a lo largo de la legislatura viene demostrando, junto con su equipo de gobierno, una escrupulosa actitud de cumplimiento de todos los valores que sustentan la democracia, lo que incluye, aunque muchos quieran obviarlo, el principio de respeto a los resultados emanados legítimamente de las elecciones municipales -principio de sufragio universal- y la consideración, por tanto, de que todos los concejales y concejalas de un ayuntamiento tienen los mismos derechos y deberes en plano de igualdad, porque el mismo valor tiene el voto dado por los ciudadanos a un partido que a otro. Afirmamos con contundencia que una democracia que no respeta los resultados de las urnas no puede considerarse tal.

Queremos, asimismo, mostrar nuestra indignación por la flagrante manipulación de los hechos que supone mezclar un tema como el del terrorismo o su enaltecimiento con el de gestionar un asunto de índole exclusivamente municipal, como lo es otorgar el derecho a lanzar el cohete de fiestas a un determinado concejal. Si hay hechos delictivos, nunca podrán ser imputables a la designación sobre tal o cual concejal, sino a acontecimientos concretos, los cuales -si los hay- no han sido comunicados.

Tamaña sinrazón no sería entendible sin ser contextualizada en la campaña de acoso judicial a NaBai que la Audiencia Nacional, inducida por los gobiernos de Navarra y del Estado, está llevando a cabo en los últimos meses, y que se ha concretado en los hechos relativos al chupinazo de Berriozar y ahora al de Atarrabia. Es curioso cómo estas imputaciones coinciden en el tiempo con el alineamiento estratégico de dos partidos (UPN y PSOE) unidos -según han manifestado públicamente sus líderes- para evitar que NaBai llegue al poder en Navarra. En este sentido, afirmamos con rotundidad que las imputaciones de Berriozar y la de Atarrabia suponen una utilización de la justicia como arma de poder por parte de los partidos políticos que controlan estos gobiernos. Son muchos los concejales o alcaldes de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y ANV que han lanzado chupinazos en los pueblos en los que ejercieron o ejercen su cargo, algunos incluso este mismo año, y son sólo los de municipios donde gobierna NaBai los que merecen la atención e imputación de la Audiencia Nacional.

Estamos, por tanto, ante una situación política municipal sin precedentes. Aquéllos que legalizaron ANV para que se presentara a las elecciones municipales utilizan dos años más tarde la Audiencia Nacional para actuar contra alcaldes que no están haciendo más que cumplir lo que es su deber con respecto a los derechos de los concejales elegidos. Lo hacen, además, en pueblos como Villava, donde la actuación de NaBai está siendo impecable y demuestra día a día su capacidad para la gestión municipal. No es coincidencia que quienes una y otra vez tratan de ensuciar a NaBai con imputaciones de esta índole callen e incluso consientan otro tipo de prácticas protagonizadas por sus correligionarios, éstas sí verdaderamente delictivas, como lo son los innumerables casos de corrupción que les salpican por todo el Estado y de los que no ha estado exenta Navarra (baste recordar Egüés o Cintruénigo).

Aunque estamos acostumbrados a las cabriolas jurídicas de la Audiencia Nacional y sus jueces estrella (ahí está el penoso juego llevado a cabo con los piratas somalíes y que aún no saben cómo resolver), lo que convierte cualquier denuncia ante este tribunal en una lotería, la más mínima lógica jurídica indica que no debería haber condena alguna contra el alcalde de Villava, como tampoco debería haberla contra los concejales no adscritos de Berriozar. Como hemos dicho, todo este juego de denuncias y procesamientos evidencia un objetivo último de desgaste a los ayuntamientos gobernados por NaBai, donde cabe destacar que los concejales de UPN y PSOE desarrollan desde el principio de la legislatura una estrategia totalmente apartada de los intereses municipales. Despreocupados por cualquier propuesta de gestión positiva hacia sus pueblos, han orientado su actividad política a crear ruido mediático -con la impagable colaboración de sus medios de comunicación afines- para tratar de tapar los éxitos en la gestión municipal que, a pesar de las dificultades, NaBai va consiguiendo día a día, y que son fruto de un trabajo y la dedicación encomiables, muchas veces en lucha con unas instituciones superiores que no se lo ponen nada fácil.

El objetivo real de UPN y PSOE es recuperar a toda costa y por cualquier medio unas alcaldías que la voluntad popular les arrebató en las urnas en mayo de 2007. Son conscientes de que en unas futuras elecciones municipales donde estuviera garantizada la participación de todas las opciones políticas no tendrían ninguna opción de ganar, por ello legislan a su favor restringiendo el derecho de participación ciudadana, y tratan de utilizar la justicia para sus intereses electorales.

Así de penosa es la realidad política que atraviesa Navarra, y que hechos como el que ha motivado este escrito ponen de manifiesto. Por todo ello, del mismo modo que siempre hemos manifestado nuestro rechazo frontal al terrorismo y a la vulneración de los Derechos Humanos en nuestra tierra y fuera de ella, queremos ahora reivindicar la necesidad de un cambio tanto en los contenidos como en las formas de hacer política que no sólo se limite a gestionar los municipios de otra manera, sino que suponga una verdadera regeneración democrática de Navarra. NaBai en su conjunto y, por supuesto, sus cargos municipales electos, seguirán trabajando en este sentido, y no dudamos de que todo este esfuerzo dará sus frutos. Mientras tanto, sólo cabe terminar esta reflexión reiterando nuestra solidaridad con el alcalde de Villava y con todos aquéllos que son víctimas de un trato arbitrario por parte de instituciones que, de seguir así, van a perder toda credibilidad en su calidad de garantes de la justicia que dicen administrar.